La lucha contra el narcontráfico y el espejo uruguayo #EscribeMónica

Escribe Mónica

El combate al lavado de activos y el narcotráfico es un asunto central para nuestro gobierno.  Con ese objetivo fue sancionada la Ley 19172, que prevé regular la producción, distribución y venta del cannabis – mediante la gestión del Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCCA) -.

Esta acción está enmarcada en una política orientada a proteger, promover y mejorar la salud pública; a minimizar riesgos y reducir daños, promoviendo la información, educación y prevención sobre el uso problemático de drogas. Es evidente que la represión por sí sola pierde estrepitosamente contra el narcotráfico: las víctimas suman millones en el mundo y miles en nuestro país, y su poder de corromper es enorme. Por eso es que estamos obligados a buscar caminos alternativos a los que ya sabemos que fallaron.

Ello no implica renunciamiento estatal. Por el contrario, la Ley 19172 es tan  disruptiva como de finalidad elemental, propone alternativas a lo que a todas luces no funciona al innovar ante perimidos paradigmas. La trazabilidad es uno de los grandes desafíos, desde la compra de la semilla, cultivo, producción, distribución, hasta la venta al usuario final. Todo queda registrado. Ganamos en transparencia al mismo tiempo que pierden los traficantes y todos quienes se benefician por ello.

Una política de estas dimensiones requiere de una gran coordinación. Las primeras etapas de implementación salieron de acuerdo a lo previsto, salvo el escollo de las limitaciones impuestas a los agentes bancarios de plaza, los cuales fueron instruidos por sus casas matrices o sus corresponsalías, a no aceptar como clientes a aquellas empresas que estén vinculados con la operativa del cannabis. Es un asunto de incomprensión del proceso en marcha. Para poder superar esta traba, tanto el presidente del BCU como el Prosecretario de la Presidencia están en diálogo con el sistema financiero para explicar en profundidad que la experiencia uruguaya tiene su principal objetivo en el combate al narcotráfico y el lavado de activos.

No puede haber dilema cuando el narcotráfico es uno de los principales flagelos sociales de nuestro continente, que genera fortunas para los narcos, escudados en arquitecturas de blanqueamiento financiero. En los últimos años nuestro país ha dado sobradas muestras de su voluntad de transparencia a nivel financiero, adscribiendo a los tratados más exigentes a nivel global. Ello se ha materializado en una importante cantidad de medidas dispuestas contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) , Grupo (GAFISUD/GAFILAT), la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y el Reglamento Modelo CICDAD sobre Delitos de Lavado relacionados con el Tráfico ilícito de Drogas y otros delitos graves.

Un nuevo paradigma en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos está planteado en nuestro país. Pero no es solo la experiencia uruguaya la que está en juego, el mundo entero nos vuelve a mirar con atención. No tengo dudas que en esta tremenda e impostergable  lucha, más temprano que tarde, otra  vez, como en la lucha contra las tabacaleras, el mundo volverá a reflejarse en nuestro espejo.